Vivienda
Qué propone
- nº 42 · pág. 28 «Constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas» (CASA 47), por construcción y compra, para venta o alquiler estable asequible, reinvirtiendo los ingresos.
- nº 38 · pág. 27 «Movilizar anualmente un 1 % del PIB para garantizar el acceso a la vivienda», «la principal prioridad de la legislatura».
- nº 70 · pág. 31 «Impuesto contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios»: gravamen progresivo a sus viviendas turísticas, vacías o alquiladas «a un precio abusivo».
- nº 62 · pág. 30 «Congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia» en los mercados tensionados.
- nº 63 · pág. 31 El Ministerio publicará «un mapa de zonas tensionadas» que las comunidades deben elaborar «y que no están realizando».
- nº 61 · pág. 30 Ampliar la duración de los contratos de alquiler.
- nº 71 · pág. 32 «Mantener y garantizar la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos».
- nº 41 · pág. 27 Plan Estatal 2026-2030: vivienda pública o protegida «con carácter permanente», al menos la cuarta parte de las nuevas.
- nº 37 · pág. 27 Reformar la Constitución para que la vivienda sea «un derecho fundamental» exigible.
- nº 73 · pág. 32 Marco estatal para que los ayuntamientos cobren un impuesto a las pernoctaciones en pisos turísticos.
- nº 53 · pág. 30 Impuesto a los solares residenciales ociosos.
- nº 64 · pág. 31 Garantía pública (seguro de impago) para jóvenes que alquilen; 67: programa TUCASA, 10.000 millones en préstamos sin intereses para la primera vivienda.
- nº 68 · pág. 31 Intermediación pública entre propietarios e inquilinos «inspirada en el País Vasco», con garantía de cobro, para movilizar pisos vacíos.
- nº 85 · pág. 33 Que el coste de prohibir los desahucios de personas vulnerables lo asuman las administraciones, no el pequeño propietario.
- nº 59 · pág. 30 Rehabilitar al menos otras 550.000 viviendas, con prioridad a los barrios vulnerables.
Lectura desde la izquierda
Lo contrario del PP y de Vox: parque público de 100.000 viviendas, 1 % del PIB al año, impuesto a los pisos vacíos y turísticos de los fondos y congelación de los alquileres abusivos. La deuda: la ley de 2023 dejó el tope en manos de las comunidades y casi ninguna lo aplicó. Es lo seguro, no lo ambicioso.
Es el capítulo más concreto del programa y el que más se parece a lo que pedía la huelga general del 11 de noviembre: regular y construir a la vez. Frente al «construir y derogar» del PP y Vox, aquí hay impuesto a los fondos, límite a sus compras, congelación de alquileres abusivos, tasa turística y parque público con protección permanente.
Tres cosas que vigilar. La Ley de Vivienda de 2023 dejó las zonas tensionadas en manos de las comunidades y solo Cataluña la aplicó: el programa lo admite (el Ministerio hará el mapa que «no están realizando»), pero no dice cómo obligará a Madrid, Andalucía o Valencia. El impuesto a fondos y grandes tenedores es la medida estrella y no lleva tipo ni cifra. Y 100.000 viviendas públicas sobre un parque de 27 millones son un principio, no «la media de los países de nuestro entorno».
Lo que sí es nuevo y bueno para quien vive de alquiler: que los desahucios de personas vulnerables los pague la administración y no el pequeño propietario, el seguro público de impago para jóvenes y la intermediación pública al estilo vasco. La reforma constitucional necesita al PP: es una declaración.