Vivienda
Qué propone
- nº 1 · pág. 8 «Bajar los alquileres un 40 % por ley»: reducción extraordinaria aplicable a los contratos vigentes, a sus renovaciones y a los nuevos, con suelo en el 60 % del precio medio de la zona.
- nº 2 · pág. 8 Todos los contratos de vivienda habitual, «de duración indefinida por defecto».
- nº 3 · pág. 8 «Prohibición de la compra de casas que no sean para vivir»: solo residencia habitual propia o de familiares, o segunda residencia de uso propio, durante cuatro años; límites a los compradores sin residencia en las islas.
- nº 4 · pág. 8 Expropiación de uso «por interés social» de las viviendas que superen las diez en manos de grandes tenedores, fondos y bancos, «incluyendo las aproximadamente 626.000 viviendas» de los grandes propietarios, para alquiler social.
- nº 5 · pág. 9 Ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional, «también en los casos de contratos de renta antigua»; cláusula «Maricarmen» para que la alternativa esté cerca de casa.
- nº 6 · pág. 9 Prohibición de los desalojos extrajudiciales e «ilegalización y desarticulación» de empresas como Desokupa; el acoso inmobiliario, delito.
- nº 7 · pág. 9 «Prohibición de los pisos turísticos» mientras dure la emergencia habitacional, moratoria indefinida de plazas hoteleras en las zonas masificadas y un Cuerpo Público de Inspectores de Vivienda.
- nº 8 · pág. 10 Inmobiliaria pública que gestione los alquileres con una renta máxima «equivalente al 30 % de la renta media del municipio».
- nº 9 · pág. 10 Todas las viviendas y todo el suelo de la SAREB, al parque público.
- nº 16 · pág. 10 Tanteo y retracto público sobre las viviendas en venta, compra de pisos ya alquilados y «al menos el 50 %» de las viviendas de los nuevos planes urbanísticos para alquiler social; alquiler más suministros nunca por encima del 30 % de los ingresos.
- nº 17 · pág. 11 Prohibida la venta de vivienda pública al sector privado; la vivienda protegida, protegida para siempre (medida 18).
- nº 20 · pág. 11 Derechos sindicales de las personas inquilinas: negociación colectiva con los propietarios y demandas colectivas contra los grandes tenedores.
- nº 23 · pág. 12 Hipotecas: cuota más suministros nunca por encima del 30 % de los ingresos, con quitas obligatorias; dación en pago con cancelación total; tope del euríbor más 0,1 en las variables de las rentas bajas (medida 24).
- nº 27 · pág. 13 Prohibidos los cortes de luz, agua y calefacción por impago a los hogares vulnerables; cheque energético de 300 euros y bono social hasta el 100 % (medidas 28 y 29).
Lectura desde la izquierda
Baja todos los alquileres un 40 % por ley, prohíbe comprar casas que no sean para vivir y expropia el uso de las 626.000 viviendas de los grandes tenedores. Es el programa que más lejos va: trata la vivienda como un derecho y a los fondos como un negocio a desmontar. Lo que no dice es cómo aguanta en el Constitucional ni cuánto cuesta.
Donde Frente Amplio topa el alquiler al 25 % de la renta del barrio y promete 1,5 millones de viviendas públicas, Podemos ordena una bajada del 40 % de todos los alquileres el día uno y convierte la vivienda en un bien que solo se puede comprar para vivir. Es la propuesta más radical de las que hay en el comparador y la más fácil de entender: nadie tiene que esperar a que se construya nada. También la que más depende de que un tribunal la deje en pie: recortar un 40 % la renta de contratos ya firmados es una expropiación parcial que el Constitucional tendría que avalar.
Lo que comparte con el resto de la izquierda: contrato indefinido, ningún desahucio sin alternativa, fin de los pisos turísticos, SOCIMI sin privilegios, parque público con tanteo y retracto. Lo que añade: la expropiación de uso a partir de diez viviendas (Frente Amplio empieza en 1.000 y baja hasta 50), la ilegalización de Desokupa y un sindicato de inquilinas con capacidad legal de negociar. Y lo que no está: cuántas viviendas públicas nuevas, con qué presupuesto, ni cómo se compensa a quien se expropia.
Frente al PP y Vox, que derogan la Ley de Vivienda y fían el precio a construir más, aquí el precio se fija por ley y la mitad del suelo nuevo va a alquiler social. Para quien paga un alquiler, la diferencia es de tiempo: construir «más suelo» tarda diez años; un tope, un mes.