Vivienda
Qué propone
- pág. 10 «Asignación presupuestaria permanente del 1 % del PIB anual (aprox. 17.000 M€/año)» para «1,5 millones de viviendas públicas en 12 años», con alquileres públicos topados en 600 euros por un piso de 80 metros y nunca por encima del 25 % de la renta.
- pág. 10 «Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados»: primero a quien tenga más de 1.000 viviendas («como Blackstone o CaixaBank»), después más de 700 y, en tercera fase, más de 50. Toda la Sareb, a la empresa pública Casa 47.
- pág. 10 Reserva del 90 % de la edificabilidad residencial para vivienda habitual (100 % en zonas tensionadas) y al menos el 40 % para protegida; el suelo que lleve dos años sin ejecutarse «se expropiará automáticamente».
- pág. 11 «Prohibiremos por ley la compra de viviendas residenciales» para cualquier fin que no sea vivir en ellas o alquilarlas a precio regulado: «de forma absoluta» para «fondos buitre, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión».
- pág. 12 Extinción de todas las licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas en tres años; IVA del 21 %, sin deducciones y recargo del IBI de hasta el 150 %; los alquileres de 30 días o menos pasan a ser turísticos.
- pág. 12 Una Agencia Estatal de la Vivienda con inspección propia y multas de hasta un millón de euros, y un Registro Estatal de Arrendamientos donde inscribir cada contrato antes de anunciarlo.
- pág. 13 Tope legal del alquiler en zonas tensionadas: la cifra menor entre el 25 % de la renta media del barrio y el índice estatal, «una reducción media del 35 %»; en ciudades de más de 200.000 habitantes, un 30 % más de rebaja.
- pág. 13 Reconocimiento legal de los sindicatos de inquilinas para negociar «convenios colectivos de arrendamiento» y regulación de la huelga de alquileres; comisión de investigación sobre la Sareb.
- pág. 14 Zonas tensionadas automáticas por indicadores objetivos: si la comunidad se niega, «el Ministerio de Vivienda actuará de forma subsidiaria». Contrato de alquiler indefinido por defecto, con 12 mensualidades de indemnización si el casero lo rescinde sin causa.
- pág. 14 Prohibición total de los algoritmos que fijan o coordinan precios de alquiler, con multas de hasta el 10 % de la facturación mundial.
- pág. 15 «Ni un desahucio más» sin alternativa habitacional, con rango de ley; los grandes tenedores tendrán que ofrecer un alquiler social de siete años antes de demandar; escudo hipotecario de hasta 300 euros al mes, dación en pago y una hipoteca pública a tipo fijo obligatoria en todos los bancos.
- pág. 17 Contribución empresarial del 0,45 % de la masa salarial en empresas de 50 o más trabajadores, «siguiendo el modelo francés»: unos 1.000 millones al año para 10.000 viviendas de alquiler asequible.
- pág. 18 Un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos a las empresas desde el primero y a los particulares desde el cuarto, cuando superen 800.000 euros, con exención para lo alquilado a precio asequible.
- pág. 19 ITP exento en la primera vivienda habitual, recargo del 200 % en la segunda y del 1.000 % a partir de la tercera. Reforma del artículo 47 para que la vivienda sea derecho fundamental con recurso de amparo.
Lectura desde la izquierda
1,5 millones de viviendas públicas, alquiler al 25 % de la renta, contrato indefinido, fondos y bancos sin poder comprar y expropiación por fases a los grandes tenedores. Es lo contrario de «construir más y quitar reglas»: el problema no es el suelo, es quién compra.
Donde el PSOE ofrece 100.000 viviendas y una congelación «temporal» de alquileres, Frente Amplio multiplica por quince la cifra y hace permanente el tope. La diferencia de fondo con el PP y Vox no es de grado sino de diagnóstico: para ellos sobra regulación y falta suelo; aquí el problema es quién compra, y la respuesta es que fondos, SOCIMI y bancos no puedan comprar y que a los que ya tienen más de mil pisos se les expropie. Es la medida más radical del comparador, con Blackstone y CaixaBank nombrados.
Casi todo lo que piden Adelante Andalucía y el BNG está aquí con más detalle: tope al 25 %, contratos indefinidos, zonas tensionadas automáticas que puentean a la Junta o a la Xunta, sindicatos de inquilinas con capacidad de negociar. El ITP del 1.000 % desde la tercera vivienda y el impuesto del 10 % sobre el valor son los dos instrumentos nuevos; ambos tienen la misma idea: que acumular pisos sea ruinoso salvo que se alquilen barato.
Lo que no cuadra es la financiación: el 1 % del PIB son 17.000 millones al año «consagrados» a vivienda, pero el apartado de financiación tiene una sola línea. Tampoco se dice cuántas de las 125.000 viviendas al año serían de construcción y cuántas expropiadas o compradas, ni qué pasa con las indemnizaciones por expropiar a Blackstone o a CaixaBank. Y la rebaja del 35 % es una estimación propia, sin fuente.
Para el votante de izquierdas que no vive en Cataluña, Galicia, Andalucía o Canarias, esta es la papeleta con el programa de vivienda más intervencionista. Si el PSOE firmara la mitad, sería el cambio de ciclo que las protestas por la vivienda llevan dos años pidiendo.